La polémica alrededor de la obra teatral María Maricón y el afiche promocional que representaba a una Virgen María con rasgos masculinos ha desatado debate en el Perú. La obra, programada para presentarse en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), provocó un aluvión de reacciones negativas, incluyendo declaraciones de instituciones como el Ministerio de Cultura, que retiró su respaldo cultural al evento. Este episodio expone, una vez más, cómo la cucufatería –un fenómeno profundamente enraizado en nuestra sociedad– puede convertirse en un ejercicio político que limita el debate público en nombre de una moral compartida por unos cuantos.

Debo comenzar señalando que, personalmente, ni el afiche ni el título de la obra me gustan. No me provocan interés, ni en la forma ni en el fondo, y difícilmente habría asistido a verla. Sin embargo, esto no me impide reconocer y defender el derecho de los creadores a expresarse libremente. Este es, después de todo, uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática.

El término "cucufato" se remonta al virreinato peruano, cuando se utilizaba para describir a personas extremadamente devotas, pero hipócritas en su religiosidad. La cucufatería, entonces, se refiere a una moral restrictiva y conservadora que busca imponer normas rígidas sobre el comportamiento social. Este fenómeno no es exclusivamente peruano; en todo el mundo hay episodios similares donde un sector religioso intenta extender su visión moral a la esfera pública, limitando expresiones artísticas o culturales en el proceso.

El problema no es la religión, sino su instrumentalización. La crítica aquí no es contra la religión ni contra la fe de los creyentes. Las creencias ajenas merecen respeto y consideración, pero otra cosa muy distinta es permitir que, en nombre de esas creencias, se decida extirpar de la esfera pública cualquier expresión que no se alinee con ellas. Coincido con Américo Mendoza en señalar la hipocresía de quienes se escandalizan ante un afiche provocador, pero guardan silencio ante problemas mucho más graves, como la pedofilia dentro de la Iglesia o los escándalos de corrupción y prostitución en el Congreso.

La cancelación de la obra también abre la puerta a un peligroso precedente de censura previa. En una democracia, no se debe prohibir ninguna expresión artística o cultural a priori, mucho menos por razones morales que suelen emanar de las vísceras del poder de turno y sus aliados. Si alguien considera que sus derechos han sido vulnerados, la vía legítima es judicializar el caso (aunque entiendo el escepticismo hacia el sistema judicial peruano). Prohibir sin debate ni proceso legal, basándose en sensibilidades subjetivas, no puede ser el camino.

Es fundamental distinguir entre sentirse ofendido y ser realmente perjudicado o amenazado. Un afiche, por más provocador que sea, no genera daño directo. No amenaza la integridad de un grupo social ni incita a la violencia. A lo mucho golpea su ego. En cambio, los mensajes que atentan directamente contra grupos específicos de manera agresiva o amenazante –como discursos de odio o llamados a la violencia– sí son nocivos, porque perpetúan dinámicas de exclusión, discriminación y peligro real para las personas afectadas. La diferencia radica en el efecto tangible que estas expresiones tienen sobre la seguridad y el bienestar de ciertos grupos.

A pesar de mis reservas personales sobre la calidad artística del afiche y el título de la obra, considero valioso que este debate se haya abierto. Los católicos tienen derecho a expresar su descontento y a reclamar, pero en una democracia, sus demandas no deberían tener un peso mayor que las de otros sectores. El hecho de que algo sea ofensivo para un grupo no significa que deba eliminarse del espacio público.

Cuando la cucufatería se transforma en un ejercicio político, corremos el riesgo de silenciar debates y limitar expresiones en nombre de una moral particular. Esto no solo atenta contra la diversidad cultural y el pluralismo democrático, sino que también nos empobrece como sociedad. Una moral que pertenece a unos pocos no puede definir lo que todos podemos ver, escuchar o discutir. Si aspiramos a construir una nación democrática, debemos resistir la tentación de imponer verdades absolutas y aprender a convivir en un espacio donde las discrepancias sean un punto de partida para el diálogo y no una excusa para la censura.