Desde hace algunos años, el Perú vive en una audiocracia. Los giros más drásticos de la política nacional han nacido de la grabación y publicación de conversaciones privadas. La fórmula es conocida. Para vencer a un rival político, se le incrimina mediante audios que son difundidos en medios nacionales. En ocasiones, los audios vienen acompañados de un trabajo periodístico que contextualiza, analiza y contrasta su contenido, pero no es ni la regla ni la expectativa. Los orígenes de la grabación y la decisión de su difusión pueden tener el noble propósito de develar abusos y malos manejos en el poder, pero terminan siendo, deliberadamente o no, cómplices de otros fines políticos. En este sentido, el momento de la difusión de los audios es muy importante porque estos son la pieza central de una campaña de demolición donde políticos, analistas y periodistas hacen coro. Incluso se suele difundir más de un audio y dosificar las entregas para mantener la atención y el clima de escándalo. El "timing" es muy importante porque los audios tienen la capacidad instantánea (y pasajera) de alinear a las fuerzas políticas y a la ciudadanía en contra de alguien. Por su capacidad de agregar voluntades, los audios serían hasta más importantes que las elecciones. Si la democracia es el gobierno de la ciudadanía, la audiocracia es el gobierno de las grabaciones clandestinas.

Hagamos un recuento de solo los últimos cinco años. En la segunda vuelta de las elecciones del 2016, Keiko Fujimori iba ganando a PPK hasta que un audio incriminó al secretario general de su partido, Joaquín Ramírez, por el lavado de millones de dólares para la campaña del 2011. PPK ganó en el 2016, pero otros audios desencadenaron su renuncia en el 2018, esta vez los del congresista Moisés Mamani negociando votos para evitar la vacancia. Cuando PPK renunció, Martín Vizcarra asumió la presidencia y este se hizo de la bandera contra la corrupción gracias a los audios de los "Cuellos Blancos". El aura anticorrupción le duró poco, pues unos audios grabados por su propio equipo catapultaron su vacancia a finales del 2020. Más recientemente, los audios de las conversaciones telefónicas en las que Vladimiro Montesinos instruía a un operador político para sobornar a miembros del Jurado Nacional de Elecciones desinflaron el intento de Keiko Fujimori de invalidar las elecciones que perdió contra Pedro Castillo. Es simbólico que la voz de Montesinos aparezca en uno de estos audios, al haber sido él quien institucionalizó las grabaciones ocultas como instrumento político. La escalada de grabaciones que ha configurado algunos de los episodios más importantes de la política peruana de los últimos 20 años es, sin dudar, su escuela.

Pensando en prospectiva, al presidente Pedro Castillo le hace falta un audio para redondear la carrera hacia la vacancia que hoy impulsan opositores, malos perdedores y ex vacadores. Estos cuentan con la alianza indiscutible de las decisiones del propio Castillo que mezclan incompetencia, ideología y pendejada. Tanto se ha acostumbrado la sociedad peruana a actuar motivada por audios, que desde ya se augura la existencia de grabaciones de Castillo y se acelera el corazón por la expectativa, como cuando anuncian el final de temporada de una serie en Netflix. El modus operandi de la vacancia presidencial como solución de suma cero para resolver los conflictos políticos ha tenido como ingrediente la difusión de audios. Visto en perspectiva, es nocivo que la política se vea cada cierto tiempo a la deriva de quienes graban, adquieren, editan y difunden audios con el objetivo de desestabilizar al gobierno y destruir a su rival. Y es que en una audiocracia, los valores que rigen la acción política son la clandestinidad, la traición y la infamia.