Según los datos del INEI, los homicidios y otros delitos con arma de fuego han venido aumentando de manera persistente en la última década. Sin embargo, no se hecho lo suficiente para limitar el acceso al principal insumo de estos delitos: las armas de fuego. Hace poco, me comentaron que el Ministerio del Interior había iniciado coordinaciones con la SUCAMEC y una empresa de aceros con el objetivo de transformar las armas de fuego confiscadas y en desuso en juegos para niños en espacios públicos. Iniciativas como estas son importantes por el involucramiento de empresas privadas, pero son acciones aisladas que bien sirven para embellecer los parque mas no resolver el problema de la inseguridad. En consecuencia, paso a enumerar algunas otras iniciativas que pueden conformar un paquete que busca evitar que las armas de fuego terminen en manos de los criminales. Estas podrían culminar, claro, al final de la cadena, con espacios públicos más seguros.

Como cuestión previa, es importante saber que, según información de la SUCAMEC del 2015 (cuando esta hacía estudios relevantes para las políticas), la gran mayoría de armas de fuego que utilizan los criminales, especialmente pistolas y revólveres, provienen del mercado formal. Es decir, las armas en manos de un delincuente suelen haber estado antes en manos de alguien con licencia para portarla o que la adquirió por una vía legal. Estas armas se filtran hacia la criminalidad por venta, pérdida, robo o, en ocasiones, complicidad. Siguiendo la evidencia, urge reducir el número de armas que pasan del mercado formal al informal. ¿Qué podemos hacer al respecto?

1. Priorizar la fiscalización de armerías legales y operativos contra armerías ilegales. La SUCAMEC debe fiscalizar con mayor firmeza que la venta de armas cumpla la regulación existente (Ley 32099 y su reglamento, junto con otras disposiciones), especialmente en aquellas ciudades con mayor incidencia de crimen violento: homicidios, robo con arma de fuego, extorsiones, entre otros. Esto supone fortalecer la presencia de la SUCAMEC en las regiones con viajes y logística en el corto plazo, y con más oficinas descentralizadas en el mediano. Igual de importante es que la Policía Nacional, en coordinación con la SUCAMEC, priorice operativos en armerías ilegales a nivel nacional, investigando, además, la relación de estas con el mercado formal. Sería extraordinario si también se incorpora en la lista a agencias de seguridad formales y, principalmente, informales. De hecho, hay iniciativas exitosas pero contadas con los dedos sobre esto último. El éxito puede medirse con el número de armas incautadas en armerías ilegales, el número de bandas dedicadas a la comercialización ilegal de armas que son arrestadas y el número de armerías legales multadas o clausuradas por irregularidades.

2. Reglamentar lo antes posible la Ley 31324 e implementar una gran campaña de entrega voluntaria de armas de fuego ilegales y municiones. El 6 de agosto de este año se publicó la Ley 31324 que "fortalece la seguridad ciudadana a través de la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares y de municiones". Muchas personas tienen en su poder armas de fuego que ya no quieren y no saben qué hacer con ellas. Estas armas suelen ser de familiares fallecidos, internos en penales, delincuentes arrepentidos u otros. Sin embargo, no las entregan porque tienen miedo a la reacción del gobierno, porque faltan espacios para hacerlo o, sencillamente, porque no encuentran incentivos. Esta ley debe ser reglamentada con urgencia pues facilitaría la recuperación de cientos de miles de armas que están circulando en las calles (esta cifra requiere un estudio actualizado, pues son estimaciones de hace casi 20 años). Con los protocolos de entrega y de seguridad adecuados, estas armas pueden ponerse a disposición en oficinas del gobierno o, incluso, en espacios públicos de barrios de alta criminalidad a través de ferias. La norma admite dar recompensas a quienes entreguen armas, así como establecer alianzas con privados para tal fin, por lo que podrían entregarse, por ejemplo, canastas de víveres muy necesarias en tiempos de pandemia. Además de protocolos y recompensas, se requiere una campaña de información y comunicación intensiva, especialmente en el territorio de la mano de municipalidades, comisarías y organizaciones locales como asociaciones deportivas, ollas comunes o juntas vecinales. Esta política se mide mediante el número de armas entregadas voluntariamente y sería valioso publicar también el destino de estas. Más información normativa y de política pública en este artículo.

3. Reducir el número de municiones que se puede comprar para defensa personal y otros. Según la ley vigente (Ley 32099), quienes tienen licencia de portar armas para su defensa personal pueden comprar hasta 600 cartuchos mensuales de municiones. Sugiero que debe hacerse un ajuste importante a esta ley, más aún si el Congreso entrega facultades legislativas en seguridad al Ejecutivo (muy aparte de su pertinencia política). No discutiré que una persona porte armas para su defensa personal, pero sí es razonable reconocer que nadie necesita, ni usa, 600 cartuchos mensuales para su defensa personal. Este número es excesivo y genera incentivos perversos para su comercialización hacia mercados informales. Una reducción drástica es urgente y, aunque merece un estudio más preciso, un máximo 20 cartuchos al mes podría ser más que suficiente. De modificarse esta ley, el acceso a armas y municiones para colección, caza, deporte y uso personal de los miembros de las fuerzas armadas debería también revisarse. En primer lugar, el número de armas y municiones para caza no debería ser ilimitado. En segundo lugar, debería ser mucho menor el número de municiones para uso personal de los miembros de las fuerzas armadas, que hoy es también de 600 al mes. Finalmente, para el caso del uso deportivo, las municiones deberían venderse para uso exclusivo dentro el polígono de tiro.

No se puede trabajar a ciegas, por lo que estas recomendaciones deben venir acompañadas de un análisis actualizado por parte de la SUCAMEC, como insumo para generar inteligencia estratégica con el apoyo de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. En este sentido, además de publicar data actualizada sobre licencias, armerías y armas incautadas, se necesita responder preguntas que permitan tomar decisiones y hacer seguimiento a las políticas.

Después de implementar estas acciones, recién podemos aprovechar las armas incautadas para embellecer de espacios públicos e, inclusive, utilizarlo como pretexto para involucrar a los vecinos y fortalecer el tejido social. Además, la publicidad del reciclaje de armas para juegos infantiles pueden venir anclada a la publicidad de entrega voluntaria de armas. Hay muchas otras acciones más que deben implementarse de forma complementaria, pero que deben ser parte de un paquete prioritario en lugar de acciones aisladas, como una bonita campaña que existía en la Dirección General de Seguridad Ciudadana que decía "no regales a tus hijos armas de juguete, sino juguetes para armar", pero que no tenía ni presupuesto ni respaldo político.

Quiero agradecer la asesoría permanente de Victor Quinteros, quien me introdujo con su experiencia en estos temas, así como las conversaciones con colegas del MININTER y la PNP que me ayudaron a perfilar algunas de estas ideas.