Tres agendas para reducir las desigualdades
"La repentina situación de Sudamérica vuelve a abrir el debate sobre el alcance y limitaciones del modelo económico."
Las masivas protestas en nuestros países vecinos, Chile y Ecuador, sumadas a los procesos electorales en Bolivia y Argentina, ponen de nuevo en perspectiva regional la vigencia de lo que llamamos el "modelo" peruano: aquellos fundamentos económicos, sociales y políticos sobre los que construimos nuestra vida en sociedad.
La emergencia en Chile de este fin de semana, en particular, despierta preocupación respecto a la olla a presión en la que se convierten los países cuando no resuelven las desigualdades estructurales. Con frecuencia se maquillan estas desigualdades con indicadores macroeconómicos convenientes, con promedios que generalizan el país o que redundan en el centralismo, o, inclusive, con imágenes de sofisticación que no se condicen con todas las realidades. Debajo de la alfombra, como Chile ha hecho notar, hay vidas que no solo no viven mejor, sino que se les hace cada vez más difícil hacerlo.
En una discusión al respecto --que incluyó a Edith Bautista y Alexandra Ames, especialistas en políticas sociales-- pregunté cómo reducir las desigualdades del Perú. El debate no es nuevo, pero parece haberse desgastado, tanto porque da vueltas sobre las mismas soluciones (ver los planes de gobierno de los partidos políticos) o porque muchas medidas sugeridas han sido ya adoptada sin dar los resultados esperados.
Tres agendas
Gracias a la conversación con estas profesionales, hallé, al menos, tres agendas paralelas para reducir las desigualdades. No son excluyentes, pero sí tienen énfasis propios y pueden incluso competir la una con la otra en la agenda pública, hasta llegar tener posibles puntos de colisión.
1. La agenda "tecnocrática". Para reducir la desigualdad, se plantea, debemos asegurar servicios públicos de calidad para todos los peruanos, especialmente en salud y educación, pero también en otras dimensiones como transporte, vivienda, seguridad social, etc. Esta agenda, para que funcione, debe tener un enfoque territorial, pues no será lo mismo el espacio rural que el urbano, o la ruralidad amazónica que la ruralidad andina. Así, los servicios responden a las necesidades específicas de cada población y, de esta manera, se da el mismo "piso" de oportunidades para todos. Además, su diseño e implementación deben estar basados en evidencia y deben incorporar métodos rigurosos de monitoreo y evaluación. (Un ejemplo de evaluaciones para hallar evidencia, sin ser el único, son los aportes de los Nobel de economía 2019 con sus estudios aleatorizados.) Esta agenda tiene ecos episódicos en el gobierno nacional, sea en algún ministerio o programa, pero entre la falta de continuidad y las limitaciones para la implementación, los resultados son muy fluctuantes. En los gobiernos locales, que se tambalean entre la falta de profesionalización y la corrupción, esta agenda es más limitada aún.
2. La agenda identitaria. Desde esta mirada, reducir la desigualdad supone atender las demandas reivindicatorias de grupos históricamente excluidos, partiendo por su reconocimiento pleno y continuando con políticas públicas específicas que llevarían a equiparar la valla. A diferencia de la agenda tecnocrática, la agenda identitaria tiene un componente político participativo importante de la mano de movimientos que son, por ejemplo, indigenistas, raciales o feministas, entre otros. Por consecuencia, estas demandas pueden incluir espacios de negociación colectiva, así como planes específicos e, incluso, acciones afirmativas (como la discutida paridad y alternancia de género en listas al Congreso). Por su naturaleza, esta agenda enfrenta los estereotipos y la discriminación que ponen a unos ciudadanos por encima de otros, limitando sus oportunidades con "techos de cristal", "escaleras rotas "o "pisos pegajosos".
3. La agenda económica. Para varios economistas, solo se puede reducir las desigualdades si se aumentan los impuestos al capital y a la herencia, acompañados de políticas fiscales expansivas --en otras palabras, mayores impuestos a los ricos junto con inversión intensiva en servicios públicos para los más pobres. La agenda tributaria es la más política de todo lo discutido en este artículo, pues supone, en esencia, quitar más recursos a los poderosos y un Estado capaz de utilizar esos recursos para tener una sociedad más justa. Sobre lo último, hay un problema de capacidades, pero además hay desafíos estructurales entre la velocidad de los cambios en la sociedad, las crecientes expectativas ciudadas y la burocracia paquidérmica del Estado. El Perú, por ejemplo, se ha enredado en una serie de procedimientos creados para evitar la corrupción, que dificultaron la inversión pública, pero no solucionaron la corrupción.
Informalidad, frustración y violencia
A diferencia de muchos países de la región, todas estas soluciones se complejizan en el Perú por un espectro de informalidad que alcanza incluso hasta las economías ilegales. En este sentido, solucionar la desigualdad es indivisible de hacer lo mismo con la informalidad. Es claro que la agenda de la informalidad debe incluir las instituciones judiciales para no solo tener las mismas oportunidades, sino para ser iguales ante la ley.
En cualquier caso, la repentina situación de Sudamérica en el cuarto trimestre del 2019 vuelve a abrir el debate sobre el alcance y limitaciones del modelo económico que ha impulsado a varios países hacia una prosperidad limitada (y vale preguntarse hasta qué punto ficticia si no es para todos). En este contexto, la violencia que emerge no debe sorprendernos, como tampoco podemos justificala.
Como explica Robert Gurr en su clásico "Why men rebel", el contraste entre las expectativas que se presentan en la sociedad frente a la situación real que viven los ciudadanos provoca un sentimiento agudo de frustración que, con las condiciones adecuadas, puede llevar a atentar contra la convivencia. En sencillo: para Gurr la frustración lleva a la agresión. Esta ecuación tiene consecuencias repentinas en nuestros países, desde inseguridad aguda y crimen violento en lugares como México, hasta crisis políticas como las manifestaciones incontrolables que Chile mostró esta semana.
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